Conclusión
El debate sobre la castración química exige trascender los discursos de alcance puramente efectista en plataformas digitales para situarse en el terreno de la evidencia científica y el respeto al debido proceso. Si bien la protección integral de las víctimas y la prevención de la reincidencia son prioridades absolutas para el Estado de derecho, las políticas públicas en materia penal deben fundamentarse en intervenciones multidisciplinarias comprobadas. Combinar sanciones proporcionales, programas de rehabilitación psiquiátrica supervisados, seguimiento riguroso de reincidentes y un fortalecimiento de los sistemas de prevención constituye la vía idónea para abordar de manera efectiva la violencia sexual en la sociedad.
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